Es un tema de incentivos. La coima se ofrece o es pedida para lograr algún tipo de beneficio por parte de la autoridad, en la mayoría de los casos para que se haga de la vista gorda ante una infracción y en otros, para inclinar una decisión propia de un acto de la administración, en favor del que ofrece la “gratificación”. 

Ocurre con el juez, el fiscal o el policía, que son en cierto modo los encargados más empoderados por el Estado de hacer cumplir las leyes, pero también sucede con el funcionario municipal o regional, el del ministerio o de alguna otra repartición pública que debiera cumplir una actividad de manera honesta y transparente, pero que en nuestro medio se ha acostumbrado a demandar un “estímulo para que el encargo este bien hecho”.

El problema se presenta cuando la autoridad ya no tiene capacidad de hacer cumplir la ley y por tanto el ciudadano ya no se siente obligado a obedecerla y menos aún, a ofrecer una coima por haberla transgredido. Si el conductor de un vehículo va en una calle contra el sentido del tránsito asume que no hay riesgo, ya que si se encuentra con un policía, éste no lo detendrá por la infracción. ¿Por qué? Porque sabe que la multa carece de valor, no la va a pagar y entonces tiene menos sentido para el policía pedirle una coima por haberlo descubierto infraganti, ya que el conductor no va a estar dispuesto a malgastar sus 10 soles para evitar una poca probable condena mayor. El policía tampoco es tonto, no va a distraer su tiempo en pasar un mal rato, sin poder hacer cumplir la ley ni recibir un incentivo por desconocerla. El dato: superan el millón el número de multas no cobradas por la administración.

Escalando la falta de autoridad

El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa ha declarado, en respuesta al Primer Ministro, que hacer cumplir la ley y detener a los que impiden el libre tránsito “no contribuye a la paz social”. En 2014 se dieron 240 bloqueos de carretera organizados, impidiendo el libre tránsito de miles de personas y bienes, con muerte de pasajeros afectados en su salud y millones de soles en pérdidas a empresas, al Estado y a los ciudadanos. Pero ya sabemos que la autoridad no sanciona a los que delinquen y, como en el caso de los conductores de combis y taxis con las multas, los que organizan bloqueos en la carretera o destruyen la propiedad pública y privada, saben que por instigar, organizar o perpetrar un delito no serán penados. Así lo ha confirmado la autoridad judicial.

Podemos seguir sumando inacciones, como cuando la Policía Nacional denuncia que entre enero y febrero de este año, en el 91% de los casos la fiscalía liberó en menos de 24 horas a las personas que les había entregado por haber cometido un delito, o los sucesos más recientes de propiedades del Estado en posesión de mafias debido a la pasividad o complicidad de diversas instancias de la administración, sin olvidar a los traficantes de terrenos.

Una organización para que funcione necesita reglas claras y un liderazgo con autoridad que las haga cumplir, sea esta una empresa, el Estado o una iglesia de cualquier religión. En nuestro país el Estado carece de la capacidad de hacer cumplir la norma y los ciudadanos son conscientes de ellos. Los pillos saben que tienen grandes oportunidades y los honestos confían cada vez menos en sus instituciones y se van distanciando del modelo democrático. Si el Estado no da seguridad y no puede hacer cumplir sus reglas, el instinto de sobrevivencia manda que cada uno busque la suya: su seguridad y sus propias reglas.