Parece que esto es lo que han decidido hacer los broadcaster locales contra la sociedad peruana. Cuando uno podía pensar hace unos años atrás que ya se había llegado a los límites de la oferta televisiva del peor nivel, los ejecutivos encargados de las empresas de televisión de señal abierta nos demuestran que se pueden hacer peores cosas. Y para ello no existen restricciones. Quienes piensen lo contrario es porque están en contra de la libertad de empresa o de prensa. Se apela a categorías consideradas sagradas en nuestra limitada institucionalidad y quienes osen cuestionar esta situación de pobredumbre colectiva, es porque están buscando opciones chavistas y totalitarias. Fin de la historia. 

El que nuestra clase política se encuentre en cierta manera “secuestrada” por los medios de comunicación, pone a los peruanos en una situación bastante precaria, ya que no hay una instancia legitimada que se pueda preocupar mínimamente por lo que acontece en nuestra televisión local. Así, estos medios aprovechan la ausencia de control ciudadano y político para emitir contenidos que conectan con lo peor y lo más primitivo de las personas.

La televisión de señal abierta llega a los hogares a través de una frecuencia del espectro radioeléctrico que es otorgada por el Estado mediante una licencia. Parte importante del valor económico y comercial de las empresas está allí: si a Frecuencia Latina, América, Panamericana o ATV les modifican en Lima la frecuencia para dársela, en esos canales, a otras empresas que sean más serías en su contenido, y a ellos los migraran a los canales 42, 29, 31 ó 67 -para que sigan emitiendo sus contenidos de baja calidad-; probablemente dejarían de ser empresas con resultados económicos tan positivos. Por allí es que el Estado sí tiene legítima facultades, ya que no conocemos de multas aplicadas por incumplimiento a la ley o de los impactos de la fiscalización de CONCORTV.

Uno de los problemas que tenemos en el país es que no tenemos una adecuada organización ciudadana que realice una vigilancia de los contenidos que se ofrecen desde la pantalla, un monitoreo de qué es lo que ofrecen los canales en cada franja horaria y los distintos mensajes que se emiten ya sea de educación, violencia, información, sano entretenimiento, etc. Tenemos apenas una limitada observancia desde la Asociación de Anunciantes que se pronuncia sobre algunos excesos para proteger a su gremio, los anunciantes; pero ¿y del televidente? ¿Quién vigila sus derechos? Ya no se trata de la manida frase de su poder de elección para cambiar de canal, porque realmente no la tiene y ya perdió la capacidad de diferenciación: todo es lo mismo.

Entonces, ¿qué nos queda? Sencillamente que el Estado “refresque” a los dueños de los canales de televisión algunos postulados que están en la ley y en sus licencias correspondientes sobre el fin y uso adecuado del espectro radioeléctrico por el que se les otorgó las licencias. De ocurrir ello, inmediatamente los empresarios reaccionarán con una respuesta ideologizada sobre las libertades y el firme propósito de la autoregulación, esto es que la mejor fórmula frente a la regulación del Estado es que entre ellos se pongan de acuerdo y se sancionen internamente si alguno se porta mal. Y claro, en efecto, así opera la autoregulación: ante la amenaza del Estado de intervenir reglando determinadas malas prácticas de un sector económico, la industria responde con una promesa de buen comportamiento futuro. En ese tira y afloja, en verdad, es que se mejora la gestión sostenible de los diferentes sectores económicos.

Los hechos de sangre en los informativos y la violencia física e intelectual que se ofrece diariamente en nuestras pantallas debe merecer especial atención ciudadana y de políticos valientes. No podemos esperar eso de la prensa escrita porque ellos también participan de este negocio y allí no hay peleas sobre concentración y libertad de prensa. La supuesta indignación sobre el derecho a la información ya no es tan importante cuando de por medio hay negocios comunes y rentables, que de paso tienen un origen político dudoso.

Gran parte de nuestra violencia ciudadana, los pésimos resultados en las pruebas de evaluación educativos de nuestros niños, los jueces y fiscales tomando resoluciones poco rigurosas ante casos mediatizados y que debieron ser reservados; son parte de toda esta gestión irresponsable de los ejecutivos de los canales de televisión que no han sido apercibidos por el Estado sobre su conducta. Somos unos convencidos de la autoregulación antes que el Estado se involucre en el manejo de las industrias, pero también sabemos que allí donde no hay una autoregulación de las empresas y la incapacidad del Estado para limitar los excesos; lo que viene siempre será el peor escenario, el desborde y la indignación ciudadana descontrolada. Allí llega tarde el propósito de enmienda, la autoregulación o la responsabilidad social.