Suiza es el paradigma de la ciudadanía perfecta. Cuando queremos referirnos a un adecuado comportamiento de los habitantes en un país pensamos en ellos como el sinónimo de esa idea. Pero, ¿qué es lo que los hace diferentes? Probablemente no tienen muchas diferencias respecto a los alemanes, belgas o canadienses, esto es, un absoluto reconocimiento de sus derechos, que sólo es entendido en el total respeto por el otro: sea persona, la ciudad o el ambiente. Es la única forma en que pueden ejercitarse sino no funciona la ecuación. Para que eso ocurra, el principio de la autoridad ya fue previamente interiorizado en su cultura y no es motivo de preocupación; no es necesario imponerla, por ello la mayoría no sabe quién es el presidente de su país. 

La peculiaridad de esa correcta conducta en un suizo es probablemente porque vive en Suiza. En este caso no es una tautología lo que queremos expresar, sino que es una premisa que si se altera no opera, ya que es el espacio suizo, el entorno y la adecuada ciudadanía de sus habitantes, lo que constituye un todo integrador. Si al suizo lo mudamos al Perú, su observancia al máximo respeto probablemente no sería la misma.

¿Qué es lo que estaría fallando en este modelo de relojería perfecta? Como es propio de la naturaleza humana, lo que falla es su hábitat, que para los efectos ciudadanos no es otra cosa que la misma institucionalidad. Un buen ciudadano en un entorno donde los incentivos están trastocados y, por tanto, lo razonable, lo correcto o el riguroso cumplimiento de la ley son únicamente una opción; harán que su propia supervivencia quede debilitada y si no se adapta a ese nuevo hábitat sencillamente sucumbirá.

Esta reflexión nos resulta bastante dura, ya que siempre hemos estado convencidos que nuestro mayor esfuerzo se debe enfocar en desarrollar mejores ciudadanos para crecer en una sociedad que será mejor para todos. Pero no. Resulta que el modelo no funciona si no hay un real compromiso por construir una institucionalidad sana -el hábitat- donde podemos confiar en nuestros representantes y autoridades y ellos asumirán esa confianza como un mandato inquebrantable. La autoridad se debe hacer respetar y eso significa que debe ser justa y hacer cumplir la ley sin contemplaciones o especulaciones. Como decíamos líneas arriba, cumplir con la ley no puede ser una opción.

Nos podríamos imaginar acaso a un suizo conduciendo una combi de la línea de transportes Orión que intente replicar los hábitos aprendidos en Zurich, Ginebra o Basilea. El resultado probablemente sería desastroso: se detendría en el paradero y no encontraría pasajeros, el policía lo sancionaría por no hacerle caso a la indicación que avance el vehículo ante una luz roja, sería agredido por el pasajero por no detenerse “frente a las rejas de la casa amarilla”, no entendería las inconsistencias en la propia señalización del tránsito, entre otras perlas, como nos los señala el monitoreo que realiza la Asociación Cruzada Vial. ¿Qué le queda, entonces? Sobrevivir, adaptarse al entorno o fracasará en una sociedad como la nuestra.

Escuchamos muy seguido hablar de mejorar la institucionalidad para seguir creciendo, pero vemos muy pocos indicadores reales del cambio a ese nuevo entorno. Por ejemplo, la prórroga en plazos para la minería ilegal, flexibilidad en la erradicación de los cultivos de coca, laxitud con los comerciantes informales, incumplimiento de plazos en el municipio limeño para regularizar a los transportistas porque no se previó el presupuesto, bandas delictivas con presencia de policías, etc. Frente a ello: porqué cumplir con la norma y sus plazos, porqué pagar tributos si hay la posibilidad –opción- que prorroguen o exoneren el pago, porqué hacerle caso al policía o a la luz roja si ese acto es circunstancial. No basta con ser un buen ciudadano: el que se porta bien, pierde.