El mercado de seguros en América Latina está creciendo de forma agresiva porque ofrece muchas ventajas para la sostenibilidad de las familias, negocios y las propias personas. Se trata de una industria que ayuda a reducir las contingencias extraordinarias que se nos presentan en todas las circunstancias de la vida: una enfermedad menor o grave, un accidente personal, la pérdida o daño del patrimonio por robo, accidentes, incendio, terremoto. En otros casos también puede ser por falta de lluvia en el campo o exceso de agua, plagas, riesgos en los procesos productivos, comercialización, exportación de productos, clientes o pacientes insatisfechos, responsabilidad con las comunidades, en fin, una larga lista en la que contar con un seguro puede ayudarnos a salir adelante frente a la contingencia y no tenerlo puede resultar una auténtica tragedia. 

Hoy, incluso los propios gobiernos intentan asegurar sus programas sociales o hacer del seguro una herramienta para proteger a los más pobres; por ejemplo en el campo, cuando un fenómeno natural imprevisto o probablemente recurrente hunde en la miseria a los pobladores rurales que resultan afectados. En esa misma línea, también se ensayan alternativas como las del Sistema Integrado de Salud – SIS, con opciones más allá de la seguridad social, que buscan fórmulas más creativas y eficientes para que en base a la modalidad de un seguro se pueda obtener mayores y mejores coberturas.

En el Perú el subsector seguros presenta un interesante crecimiento, pero no tanto como en los otros sectores de la economía que muestran cifras más agresivas, a pesar que como hemos dicho, esta fórmula tiene un alto impacto en beneficios para todos y es un indicador muy sensible de niveles de formalidad y competitividad. Así, según datos del gremio de los seguros, APESEG, el 2013 se facturó cerca de US$ 3 500 millones, esto es 1.5% del PBI; en Chile las ventas representaron el 4.1% del producto del país y la media en la región es del 2.8%. Estos datos no son meras estadísticas, sino que esconden o señalan, según lo queramos ver, las serias deficiencias que tenemos en nuestro sistema institucional, indicándonos mayor vulnerabilidad ante potenciales riesgos y por tanto, que nuestro generoso crecimiento económico del país puede resultar poco sostenible. Y es que, así como el nivel de bancarización nos señala el crecimiento de las economías familiares y de mejora en la ciudadanía como sujetos de confianza, el ratio de participación de seguros es una señal de desarrollo y mejora institucional que registra la menor o mayor fragilidad ante las contingencias.

Compromiso más allá de los productos

Por ello creemos que esta industria debe ser mejor observada no únicamente en su crecimiento y gestión financiera, sino también en el papel que cumple como un operador del sector privado en promover la mejora de los espacios sociales y económicos en los que actúa con su oferta de productos. Si todo puede ser asegurable, entonces qué pueden proponer en realidades como la nuestra, para que el aseguramiento no resulte tan oneroso y no sea, únicamente, un cálculo financiero de siniestros ocurridos, costos de gestión y márgenes, para obtener el valor de una prima. Esa gestión pasiva sería asumir que ser operador de seguros en Suiza, Canadá o Perú es lo mismo, ya que se trata únicamente de ecuaciones donde el componente de siniestralidad es el que define cuánto debe costar el seguro. Técnicamente es correcta esa presunción, pero está condenada a ofrecer una oferta mediocre para nuestra realidad.

Decíamos líneas arriba lo mucho que nos indica el dato del nivel de penetración de los seguros para entender el nivel de desarrollo de las diferentes sociedades. El proceso es muy ilustrativo: si voy a asegurar mi casa en Lima ante el riesgo de un huracán la prima a pagar será diminuta ya que la posibilidad de ocurrencia es remota. Si la voy a asegurar ante la eventualidad de un terremoto, lo que pagaré por el seguro será un poco mayor porque es posible que se presente un fenómeno natural de este tipo, pero también su ocurrencia es únicamente probable. Se incrementa la posibilidad de ocurrencia ante un incendio y más ante un robo. Estamos hablando de la misma casa, en la misma ciudad, pero la ocurrencia de riesgos naturales, accidentes o incidentes varía. Esa es la racionalidad de esta industria.

El ejemplo nos sirve para entender cómo funcionan los seguros en las diferentes circunstancias en la que buscamos sentirnos protegidos. El seguro médico, el vehicular o el de vida son quizás los que más se contraten en nuestro medio y la posibilidad de ocurrencia busca ser protegida pero a niveles individuales; no se aborda desde las compañías como una gestión de tipo más social o institucional, donde su nivel de compromiso sería absolutamente distinto. Por eso, para reducir los riesgos en la salud del asegurado, se promueve exámenes preventivos regulares y así se reducen los potenciales riesgos. Con los vehículos ocurre una situación similar, si se incrementan los robos de determinados modelos o marcas, se exige la contratación de un GPS para ubicar la unidad en caso haya sido robada; y con los seguros de vida se manejan las evaluaciones previas para evitar posibles enfermedades que desencadenen un fallecimiento prematuro y se registran una larga lista de exclusiones, en caso el asegurado haya incurrido en actividades de riesgo que potencie en mayor medida la posibilidad que ocurra un siniestro, esto es que fallezca o quede inhabilitado.

Como vemos, las compañías de seguros son muy diligentes para reducir los riesgos en sus clientes y así no pierdan o se vean en la obligación del precio de las primas, que al final redundará en la reducción del número de pólizas que contraten.

Apoyando al Estado hay mayor retorno

Poco conocemos del nivel de participación de las empresas de seguros en abordar los temas de mayor riesgo en nuestra sociedad, en los que precisamente ellas actúan y que de mejorarse tendrían importantes beneficios, no sólo económicos sino fundamentalmente reputacionales. Nos referimos a los temas de seguridad en el país, los siniestros que ocurren por razón de los robos a los vehículos, a las personas, o a las empresas, muchos de ellos con resultados fatales. Claro está que esa es una función que le corresponde al Estado, a las autoridades y a la policía, pero cuando queremos abordar un modelo de responsabilidad social en países como el nuestro, las alianzas con el Estado, la colaboración en políticas públicas y el acompañamiento con las mejores prácticas y estrategias, la empresa privada tiene muchas más posibilidades de contribuir con una asesoría más acertada, la contratación de los mejores expertos en seguridad a nivel internacional, desarrollar programas pilotos, acceder a nuevas tecnologías. En fin, un sinfín de opciones que el Estado peruano, ya sea por restricciones normativas o limitadas capacidades profesionales no puede ejecutar.

Si se ayuda a mejorar la gestión del tráfico, la ética en la policía, las conductas más seguras en la población, entre otros aspectos propios del desarrollo de la ciudadanía, las compañías de seguros se verán largamente compensadas, al reducirse la siniestralidad en las pólizas que redundará en la reducción de los precios en los seguros y que permitirá incrementar el número de asegurados. Tanto por razones económicas o sociales, podría regularse el uso obligatorio de determinados seguros (como el SOAT o desgravamen en las hipotecas hoy), y podríamos ser un país más seguro. Sólo es cuestión que las aseguradoras se comprometan por la sostenibilidad de su negocio.

Artículo elaborado por RESPONDE, consultora especializada en sostenibilidad y reputación.