En una reciente entrevista realizada al nuevo Primer Ministro de Albania por la cadena de televisión británica BBC, el periodista le preguntó, a quien fuera anteriormente Alcalde de Tirana, sobre el alto nivel de corrupción que existe en su país y las acciones a tomar para atraer la inversión y generar la confianza ante tan preocupante escenario. El Primer Ministro respondió que ese era un reto importante en su gestión ya que el ciudadano albanés no era corrupto sino que la institucionalidad vigente era la que provocaba esa deshonrosa situación. Su legítima reflexión era la siguiente “un albanés no es más ni menos corrupto que un inglés. Si un ciudadano albanés estuviera sujeto a la institucionalidad británica no tendría por qué actuar mal; asimismo, si un inglés fuese funcionario en Albania probablemente sería tan corrupto como el nacional”. 

El reto que plantea el líder del país más pobre de Europa es exactamente igual al que afrontamos en nuestro país, pero la diferencia es que nuestras autoridades se niegan a entenderlo. Este es el dilema del huevo o la gallina que cotidianamente vivimos cuando los legisladores, funcionarios locales, regionales o nacionales dictan normas bajo la presunción de que el ciudadano es el malo y, por tanto, si se incrementan las sanciones este cambiará su comportamiento. Solo basta ver cómo se incrementan las penas y se incorporan más procesos para fiscalizar a los ciudadanos luego de ocurrir un hecho delictivo o una actuación incorrecta de personas o empresas.

Ya conocemos las anécdotas de cómo nos comportamos los peruanos en nuestro territorio, pero apenas tocamos otras fronteras nos convertimos en ciudadanos ejemplares, con el detalle poco conocido de que las penas en los otros países son menos drásticas que en el nuestro. ¿Qué pasa entonces? Tenemos a los mismos ciudadanos, menor penalización y mejor comportamiento; algo falla en la ecuación, nos falta un factor probablemente.

En efecto, nos falta la institucionalidad que hace que la ecuación funcione. Esa autoridad que tiene la firmeza y legitimidad, que incentiva a que la norma se cumpla sin necesidad de recurrir a las penas, porque merece respeto, que actúa con profesionalismo, que es imparcial y no tiene la menor sospecha de corrupción. La tarea para que esa institucionalidad funcione no es tan sencilla como la explicamos, ya que existen grupos políticos y sociales que no permiten que esta situación cambie. La reforma para impulsar la carrera pública impulsada por Servir es sólo una muestra de ello, grupos que consideran que la función pública sirve para asegurar el puesto de trabajo de ese empleado que no es capaz de competir en el mundo laboral.

Nos hemos puesto a pensar acaso que, si las normas, la penalización y los ciudadanos son los mismos, ¿por qué los choferes de las combis y los taxis cambian completamente su comportamiento cuando traspasan los límites de Lima hacia el Callao? La respuesta, sin pasar por la ciencia política, ha sido naturalmente la misma: “Es que en el Callao te controlan y multan inmediatamente, no te perdonan la pena”.

El dilema del huevo o la gallina probablemente es más complicado que el de la falta de ciudadanía o la falta de institucionalidad. Con las aves es difícil determinar la preeminencia, mientras que en el caso de los peruanos, coincidiendo con el Primer Ministro albano, la carencia de institucionalidad es claramente la que incentiva que afloren las malas actitudes ciudadanas. Pasa lo mismo con las personas, como con las empresas, por ello resulta igualmente difícil de explicar el caso de empresas que tienen tradición de buenas prácticas globales y que una vez en el Perú su comportamiento resulta poco explicable.