“Las empresas mineras debieran operar donde no hay minerales”. Es la principal conclusión que podemos extraer luego de recoger las diferentes tesis de quienes se oponen a las operaciones mineras en nuestro país y, sobre todo, frente al tipo de evidencias que se presentan respecto a la supuesta contaminación que generan las principales empresas del sector.

El argumento convincente y consolidado en la población es que está demostrado que en el entorno de las empresas contaminantes se han encontrado metales pesados en las tierras cuya naturaleza es  la agricultura y la ganadería. Asimismo, las aguas y lagunas de la zona contienen niveles de mineralización que no permiten su uso en el campo y menos para el consumo humano. Definitivamente la premisa es cierta, la conclusión no lo es, pero estar cerca de la comunidad para explicar lo contrario es una tarea muy difícil.

Los estudios realizados por el Ministerio de Salud en la provincia de Espinar tomando muestras de  pobladores y agua de la zona para el EIA del proyecto minero Quechua, arrojaron la presencia de arsénico y mercurio. Asimismo,  los peritos internacionales contratados para medir los impactos ambientales en la zona del proyecto Conga, señalaron que las aguas evaluadas no eran aptas para el consumo humano, de animales y tampoco para la agricultura, debido al hallazgo de importante presencia de metales pesados. En ambos casos se tratan de proyectos mineros que no operan, pero que tienen cerca actividad minera formal, como son los casos de Tintaya y Yanacocha.

Los estudios nos confirman lo evidente: cuando hay mineralización de tierras y aguas en determinadas zonas geográficas, es porque que son lugares para el desarrollo de la minería y no para agricultura y la ganadería. Sin embargo, la conflictividad reciente desvela la grave desinformación que tenemos en el Perú para entender la lógica de las cosas, que permite fácilmente manipular y desorientar a la población impactándola en sus expectativas. Creemos que le toca ahora al gremio minero fortalecer las capacidades del Estado para que pueda orientar a la ciudadanía, sobre el riesgo que tiene para todos que se realice agricultura y ganadería también en áreas donde hoy no existen empresas mineras, pero las tierras y el agua sí están mineralizadas.

Por: Jorge Melo Vega, gerente general de Responde. Publicado en  Gestión 25/06/12.