Por: Jorge Melo Vega, gerente general de Responde.

No. No vamos a hacer una explicación sobre qué es la responsabilidad social; pero sí consideramos que es nuestro rol aportar propuestas para escalar nuestra aproximación sobre este tema para entenderla y promoverla en nuestro país y que no se limite al desempeño de ese pequeño grupo de organizaciones que suscribieron  el Pacto Mundial, que usan el GRI (Global Reporting Initiative) al momento de reportar, que merodean la ISO 26000 o que forman parte de Perú 2021, porque es muy probable que la RS termine circunscribiéndose a un número de organizaciones que no llegue a superar los dos dígitos.

¿Cuál es entonces nuestra realidad y a dónde debiéramos aspirar? Si analizamos las distintas iniciativas que se realizan en el país y al grupo de empresas que las lideran, veremos que son todavía muy pocas y si bien cada día se incorporan más organizaciones a este mundo, ese crecimiento no guarda relación con los indicadores de crecimiento de nuestra economía y menos si la comparamos con el movimiento que vemos en Colombia y Chile, para no mencionar lo que ocurre en Argentina o Brasil.

Creemos que la responsabilidad social es un modelo ético de gestión que destaca porque nos permite priorizar y por tanto enfocar nuestra acción en los grupos de interés que consideramos más importantes; así en Europa los aspectos vinculados a la gestión ambiental están en primera línea, en EEUU la obsesión por el cliente y la competencia los obliga a ser sumamente innovadores en sus organizaciones, y en nuestra pequeña muestra latinoamericana, algunos estudios nos arrojan que la preocupación por las mejores prácticas con los empleados es su preocupación.

En el Perú el foco no es el mismo, esto debido al peso y vigilancia que tiene en nuestra economía las empresas extractivas y nos hemos inclinado por la relación empresa-comunidad; finalmente es así como se percibe nuestra responsabilidad social. ¿Pero es realmente esa relación la que debe preocuparnos? Consideramos que no y que existen otras formas de abordar la RS que le daría mucho más valor y crecimiento, y claro está que también beneficiaría a todos.

Nuestra propuesta pasa por dirigir nuestros mayores esfuerzos por hacer que el empleo de calidad se convierta en el soporte de nuestro modelo de responsabilidad social. La lógica del empleo en nuestro país es un reflejo de cómo se conforma nuestro tejido empresarial, en el que existen pocas empresas grandes con estándares laborales razonables y el 99% restante lo constituyen PYMES y MYPES cuya preocupación no es precisamente la relación con sus colaboradores. La realidad es que tenemos una población económicamente activa de 15 millones de personas y sólo 2.4 millones de ellas están registradas en la seguridad social. El indicador más próximo a un empleo digno es que el trabajador cuente con este tipo de cobertura, ese es el indicador básico en cualquier país del mundo y en el nuestro nos señala que sólo el 16% de nuestra PEA (población económicamente activa) tiene un empleo digno.

La responsabilidad social a la peruana necesita fomentar un nivel de ciudadanía respetable y ello pasa porque sus individuos tengan unas condiciones de subsistencia adecuadas. No se trata de mejores sueldos para los pocos que tienen empleo, sino de incorporar a la gran masa laboral a condiciones de formalidad que equivalgan a tener un DNI laboral. A partir de esa condición, habremos subido muchos peldaños en nuestra aspiración ciudadana, esas personas existirán y por tanto serán sujetos de derechos y deberes. Para ello las empresas deben ser muy cuidadosas en su vigilancia con los proveedores y los proveedores de sus proveedores, y aportar en base a su experiencia, políticas públicas más adecuadas para formalizar a ese 84% de peruanos sin ciudadanía laboral. Y el Estado, ya no sólo preocuparse por regular a las pocas empresas formales, sino de incentivar a todas las MYPES a que protejan a sus trabajadores. Para ello, el Estado debe cumplir con dos requisitos indispensables: ser un empleador formal aplicándose a sí mismo toda la regulación laboral vigente y de otro lado, ofrecer una cobertura de seguridad social adecuada para que el trabajador tenga los incentivos necesarios para exigir su propia formalización.