Por: Jorge Melo Vega

Nuestro país definitivamente tiene un largo camino que recorrer en la línea de la integración. Tenemos claramente dos, sino más, Perúes. De un lado el de Lima, que tiene una dinámica bastante occidental y moderna, sobre todo en sus distritos tradicionales y por tanto una visión propia del rol que cumple el Estado y el que desarrolla la actividad privada, diferente a la que se tiene en provincias. Las diferencias radican probablemente por el mejor acceso a la información, mayor calidad educativa y sobre todo experiencias de los que viven en la capital.

En las ciudades de provincias la actividad empresarial privada la realizan las pequeñas empresas y en pocos lugares se suma la presencia de empresas extractivas, pero que no son intensivas en empleo directo. En estas ciudades el Estado es un empleador importante, por la actuación de los gobiernos regionales, municipales, así como el gran número de maestros y policías que constituyen los mayores colectivos de empleados públicos a nivel nacional.

En Lima la población prefiere la promoción de la inversión privada como fuente para la generación del empleo y contribución al desarrollo y en el resto del país se inclinan porque sea el Estado el que desarrolle la actividad empresarial. Esta dicotomía se refleja en diferentes estudios de percepciones que merecen ser tomados en cuenta, sobre todo cuando vemos las cifras de los desiguales ingresos familiares o cuando encontramos que la sólida macroeconomía del país no conversa con la efervescencia social de algunas regiones.

El empleo es el motor

Los ciudadanos de Lima y en provincias reconocen que el principal indicador para evaluar la reputación de una empresa es por su aporte a la generación de empleo; sin embargo, sorprende que en Lima se priorice la generación de empleo de calidad, pagando bien y tratando bien al personal, atributos que en provincias no son adecuadamente valorados ni destacados. En estas localidades es quizás la falta de oportunidades y haberse acostumbrado a que el empleador sea el Estado (sin 14 sueldos, ni CTS, ni AFPs) y que el principio de “chamba es chamba” prime sobre la reivindicación de empleo con calidad.

Esta observación adquiere valor cuando se aborda el tema de la responsabilidad social empresarial en América Latina, ya que se identifica a los colaboradores como el principal grupo de interés; esto es, al momento de realizar un mapeo y análisis estratégico, los empleados siempre destacan como el sector sobre el que se deben priorizar las estrategias para impulsar la sostenibilidad de las empresas, por la sinergia que genera para la mejora en la relación con los demás stakeholders.

Si la empresa busca la sostenibilidad, para beneficio propio, de los accionistas y la sociedad, ha definido enfocar su actuación en el desarrollo de sus mejores prácticas para sus colaboradores; creemos igualmente que el Estado para ser sostenible, debe desarrollar institucionalidad, para que la sociedad se beneficie de ello, debe velar por ofrecer empleos de calidad para poder captar profesionales mejor calificados, sobre todo en las provincias del país y así los ciudadanos puedan aspirar a su desarrollo de una manera más justa.

La ley debe ser igual para todos, el Estado y la empresa como empleadores no deben tener diferencia en el trato de las personas, sólo así tendremos un país más integrado con ciudadanos de igual categoría.

(Publicado originalmente en la Revista Stakeholders Nº22)